Un estado corrupto

Según investigaciones realizadas por el centro internacional de transparencia, Colombia ocupa el deshonroso puesto 37 en el mundo en materia de corrupción. Pero esta realidad que no causa extrañeza en el país, debido a que el estado colombiano y sus estamentos están corroídos hasta los tuétanos, genera un enorme desangre en las finanzas públicas y en la credibilidad de los colombianos frente a dichas instituciones. Políticos, congresistas, ministros, magistrados, jueces, fiscales, presidentes, gobernadores, alcaldes, militares, obispos, y hasta periodistas conforman la larga lista de todos aquellos que han llevado al colapso a nuestro país.

El caso más reciente y que salió a la luz pública fue el del Jefe Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, quien tenía bajo su responsabilidad el Plan Bolsillos de Cristal, programa diseñado para recibir las denuncias de corrupción en todos los departamentos del país, uno de esos casos investigados es el del ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.

Pero Moreno tenía llevaba casos de gran importancia para el país, como los sobornos de la firma brasileña Odebrecht, dicha empresa realizaba pagos de todo tipo, para garantizar que le adjudicaran licitaciones públicas de importantes mega obras, como por ejemplo la Ruta del Sol y que salpica a varios miembros del gobierno incluso al presidente Juan Manuel Santos por la financiación de la campaña presidencial o incluso a empresarios como Luis Carlos Sarmiento, a Inassa, La Triple A y Metroagua que involucra a varios políticos de la Costa Atlántica.

Bajo su cargo se encontraban también las investigaciones sobre el caso REFICAR, donde se han vinculado entre otros a ministros, ex ministros, miembros de la junta directiva, presidentes y ex presidentes de Ecopetrol.

En el área de la Salud, tenía bajo su mando los casos de Saludcoop, el deterioro patrimonial de Caprecom, las denuncias frente a la Nueva EPS y los multimillonarios recobros al FOSYGA. Y por último en el sector privado adelantaba investigaciones en el caso de los Panamá Papers en colaboración con la DIAN.

Lo anterior es solo una pequeña muestra del nivel de corrupción y deterioro institucional que tiene el país. Mes a mes los colombianos nos enteramos de un nuevo caso de corrupción, y cada nuevo hecho es aún más grave que el anterior. Que cada vez más magistrados, jueces y fiscales resultan involucrados en estos hechos, ratifica que Colombia tiene una justicia de bolsillo, la cual se aplica de manera desigual y desproporcionada según la posición social de aquellas personas que están siendo investigadas, la capacidad económica para ofrecer sobornos, y los padrinos políticos que se tengan en estas instituciones como la fiscalía, procuraduría, contraloría o las altas cortes.

Mientras las cárceles colombianas están atiburradas de personas que han cometido delitos menores, incluso muchos de ellos producto del desempleo y la falta de oportunidades laborales, a los cuales les cae todo el peso de la ley. A estos “respetados miembros de la sociedad colombiana”, como el fiscal Moreno terminan obteniendo casa por cárcel, o pagando irrisorias condenas en lujosas casas fiscales en guarniciones militares, a ritmo de vallenato y whisky.

Atacar este problema de raíz implica necesariamente erradicar un cáncer que ha consumido a Colombia por muchas décadas y esto no se logra si los colombianos seguimos respaldando una clase política tradicional y corrupta como la nuestra. Los partidos políticos actuales no representan una opción para el país, no venda su voto, en las próximas elecciones presidenciales no participe de la farsa electoral, se debe luchar por cambiar la estructura del estado, el modelo económico y político, incluso mediante el uso de las armas y el legítimo derecho de la rebelión.

 

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