LA SALUD EN EL CHOCÓ, UN NEGOCIO LUCRATIVO PARA LOS POLÍTICOS

Son muchos los males que afectan al departamento del Chocó: corrupción, inseguridad urbana, minería, narcotráfico, desplazamiento, infraestructura deficiente, pobreza extrema, paramilitarismo, desempleo, hambruna, falta de servicios públicos, entre otros.

Pero, sin lugar a dudas el problema de la salud es uno de los males que más afecta a sus pobladores y, peor aún, es que los políticos del departamento han utilizado durante varias décadas los recursos de salud como la caja menor para financiar campañas políticas, comprar votos o pagar favores a quienes hacen parte del entorno más cercano de estos ladrones de cuello blanco.

Haciendo una radiografía del departamento del Chocó, encontramos que tiene una población algo mayor a los 500.000 habitantes, de los cuales el 87% son afrodecendientes, ubicados en las partes bajas de los ríos, principalmente en los afluentes del Atrato, San Juan y Baudó. El 10% son indígenas, distribuidos en 120 resguardos pertenecientes a los pueblos Emberá, Wounaan y Tule. Y el 3% restante son colonos distribuidos en los centros urbanos y quienes en su mayoría manejan el comercio.

Del total de esta población según el Departamento Nacional de Estadística, DANE, unos 369.500 podrían considerarse pobres, es decir, aproximadamente el 63% de la población. Como si fuera poco, la pobreza extrema alcanza el 37.1%, una cifra que ocupa los primeros lugares en el mundo, peleando podio con los países más pobres de África.

La desnutrición crónica de la población alcanza el 18,5%, según el Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015. La más reciente Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia, ENSIN 2010, evidencia que el 64,2% de las familias chocoanas viven en inseguridad alimentaria, cuando el promedio nacional es de 42,7%, es decir 22 puntos porcentuales por encima de la cifra nacional.

Este departamento tiene una de las mayores tasas de desnutrición infantil en Colombia y en el año 2016 murieron 95 niños indígenas menores de 5 años por enfermedades asociadas a la desnutrición. En esta zona de la región pacífica colombiana, sólo el 43% de las viviendas urbanas tienen sistema de alcantarillado, el 55% tiene garantizado el derecho a agua limpia y de esas, el 25% tiene acceso únicamente por tres horas diarias. Por otra parte, aún hay 12 municipios de los 31 que tiene el departamento que no cuentan con ningún servicio de salud. Además, de acuerdo con las proyecciones hechas por el DANE, el Departamento ostenta el triste récord de ser la región con el mayor índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del país (como vivienda, servicios públicos, educación, etc.), con el 79,1% de la población afectada, casi triplicando el promedio nacional que es el 27,7%.

A pesar de estas alarmantes cifras, los mandatarios departamentales y locales siguen robándose el erario público, en especial los dineros destinados a la salud de los chocoanos, como fue el caso del ex gobernador Efrén Palacios Serna, quien en el año 2013 suscribió 7 contratos para la compra de medicamentos de alto costo que supuestamente serían para los pacientes más pobres del Departamento. Sin embargo, Efrén Palacios utilizó ese dinero ¡más de 2.000 millones de pesos! para pagar deudas de su campaña a la gobernación.

Toda la operación para apropiarse de estos millonarios recursos se realizaba a través de su secretario de salud, Guillermo Verhelst Cruz, un odontólogo cartagenero que llegó al Departamento a ocupar este cargo. Era este personaje quien firmaba los contratos con algunas de las droguerías en Quibdó para el suministro de medicamentos de alto costo a la población más pobre del Chocó, pero los medicamentos nunca fueron entregados y los dineros fueron a parar a manos de los financiadores de la campaña en la que fue elegido gobernador el señor Efrén Palacios.

La gran mayoría del dinero destinado para la salud en Chocó ha ido a parar a manos de personas que prestan dinero para financiar campañas políticas chocoanas. Acá, en esta región apartada y olvidada por el gobierno central, la salud se ha convertido en el botín preciado de politiqueros y picaros contratistas, debido a que es uno de los pocos rubros económicos que aún llega del gobierno nacional, mientras esto ocurre, en el Departamento mueren cuatro veces más niños por diarrea que en el resto del país.

Otro de los ejemplos más claros de la crisis de la salud en el Chocó y de la corrupción desbordada es el caso del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó. Fue intervenido en el año 2007 por el gobierno nacional debido a la corrupción en su administración, donde acumulaba deudas superiores a los 4 mil millones de pesos. Después de nueve años de intervención, la deuda del hospital estaba en 37 mil millones de pesos, cifra calculada por la Corte Constitucional en diciembre de 2015, y superaba los 40 mil millones de pesos en el año 2016, según la Contraloría General de la República.

Lo preocupante de esta problemática es que después de 10 años de la intervención administrativa por parte de la Superintendencia de Salud, al Hospital San Francisco de Asís, donde se otorgaron 12 prórrogas y 18 interventorías, persista y continúen los mismos problemas de corrupción que motivaron la decisión de intervención inicial por el gobierno nacional.

Uno de los casos más evidentes, es el de Farid Vieira, uno de los 18 agentes interventores que tuvo el Hospital entre agosto de 2013 y septiembre de 2014. El señor Vieira hoy es prófugo de la justicia, y con orden de captura por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado, entre otros. Además, en marzo de 2016, la Fiscalía informó que tenía 49 investigaciones vigentes por corrupción en el sistema de salud del Departamento, en casos como cobros por medicamentos no entregados a usuarios, suministros de servicios de salud no prestados, contratos nulos o inexistentes y favorecimientos en la adjudicación de otros. Prácticamente los mismos casos que se denunciaron antes de la intervención en el año 2007.

Debido al problema de corrupción y de saqueo continuo de recursos del hospital San Francisco de Asís, este llego a tener un hacinamiento de un 150% en los servicios de urgencias, antes de su liquidación, sumado a la falta de medicamentos e insumos, malos olores, paredes con humedad y moho, techos a punto de caerse, equipos oxidados, presencia de zancudos y habitaciones sin puertas. La calidad del servicio de salud en el departamento del Chocó es pésima por decir lo menos, no hay infraestructura hospitalaria, no hay medicamentos, no hay agua potable y los médicos que prestan sus servicios están en el año rural y no tienen la suficiente experiencia para atender los casos que se presentan. Se han visto casos en que los médicos han fallado y mueren los pacientes.

Por otro lado, como las interventorías del gobierno central fueron un fracaso, las condiciones físicas del Hospital desmejoraron ostensiblemente y de hecho, la Contraloría encontró que el San Francisco de Asís se abastecía de agua tomada directamente del río Atrato, que está altamente contaminado con mercurio por la minería. Según el informe, aunque el Hospital tenía a una persona manejando una planta de tratamiento manual a la que llega el agua que toman del Río, ésta no tenía las condiciones para limpiarla de mercurio y aun así, es la que surtía al Hospital.

Hasta la Defensoría del Pueblo informó en su momento que las EPS Comparta y Caprecom, encargadas de manejar la salud y hospitales en el Chocó, no cumplieron con sus funciones de aseguramiento y prestación de servicios, y que la IPS Santa, que debía atender a las comunidades indígenas del Alto Andágueda, no tenía la infraestructura, el personal idóneo, ni contaba con los requisitos mínimos exigidos para un primer nivel de atención en salud.

La deficiencia del sistema de salud en el Departamento es una infamia, bajo el silencio cómplice de autoridades, periodistas y políticos. El desacato a numerosos fallos de tutela, altos niveles de corrupción, e incumplimiento de las EPS, han dejado en ruinas los pocos centros asistenciales en Chocó, donde el más afectado ha sido el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, hoy en liquidación y el Hospital Eduardo Santos de Istmina; sobre todo, debido a grandes desfalcos descubiertos en la EPS Caprecom, también en liquidación, la cual era la responsable de la administración de éstos. La situación es tal, que en todos los centros de salud del Departamento sólo hay un total de 209 camas hospitalarias (más o menos una cama por cada 2.500 habitantes), siendo igualmente insuficientes el número de ambulancias. Los centros médicos no tienen unidades móviles aéreas ni fluviales que puedan atender a las comunidades rurales ubicadas en los territorios más lejanos del Departamento, tampoco se cuenta con ambulancias medicalizadas, ni hospitales del tercer nivel.

En un informe presentando por la Cruz Roja en el año 2016, se indicaba sobre la deficiente atención de salud en el Departamento, señalando por ejemplo que los casos de Malaria pasaron de 19.520 el año 2015 a 28.853 en 2016 (ojo, los casos reportados en hospital, sabiendo que la gran mayoría se tratan artesanalmente en las comunidades). O frente a la enfermedad diarreica aguda, los casos pasaron de 12.801 a 20.513. Estos indicadores son una muestra más de la negligencia e inoperancia de la atención de salud pública en la región. Además, este organismo señalaba la existencia de al menos 70 irregularidades en el manejo de recursos de la salud en Chocó que habrían ocasionado un detrimento patrimonial de más de 2.693 millones de pesos, tan solo el año 2015.

Por su parte, la Contraloría encontró que el Hospital San Francisco de Asís estaba funcionando en el 2014 y el 2015 con un manual de procesos y procedimientos que fue producto de un contrato del 2013 por el que se pagaron más de 18 millones de pesos, pero que realmente es una copia alterada de los manuales del Hospital San Antonio y el Hospital del Sur, ambos de Bogotá. Y personas que fueron contratadas en el 2015 para prestar servicios de salud no se encontraban inscritas en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud.

Finalmente, en el marco del Paro Cívico, el gobierno nacional aseguró que giraría $980.000 millones para la adquisición de insumos médicos, quirúrgicos y medicamentos parar el Hospital Ismael Roldan Valencia Sede II, que actualmente está a cargo de la operación del Hospital San Francisco de Asís, mientras termina su proceso de liquidación. Muchos de sus habitantes saben dónde irán a parar esos recursos… los Palacios, los Sánchez Monte de Oca, los Ibargüen, los Lozano, entre otros, deben estarse frotando las manos ante esta partida presupuestal.

En los niños chocoanos son comunes las enfermedades respiratorias, la diarrea y la desnutrición, en pleno siglo XXI muchos de ellos mueren por este tipo de enfermedades totalmente curables hoy en día con los adelantos logrados en el campo de la medicina. Muchos de estos niños no alcanzan a llegar a un hospital, y otros que habitan en comunidades afros e indígenas empobrecidas, en ocasiones, ni siquiera tienen la oportunidad de acceder al servicio médico básico.

El agua en la región corre a borbollones, al igual que los males que la aquejan. El Atrato es el río más caudaloso de Colombia con 15 ríos y 500 quebradas que nutren su caudal a lo largo de 750 kilómetros; pero vaya infortunio, ni las comunidades afros e indígenas, tienen acceso al agua potable; y mucho menos a una salud de calidad. Así como el río se está muriendo por la contaminación y afecta los chocoanos que se ven obligados a beber sus aguas; este sistema de exclusión, con el agravante de la corrupción, está matando una región que tiene todo para ser de las más prósperas del planeta.

El cambio de esta realidad no vendrá desde arriba, tendremos que construirlo entre todos desde abajo, desde la base, de manera organizada y beligerante, exigiendo y reclamando, pero entendiendo que solo mediante el cambio de este sistema social podremos tener un río que dé vida, condiciones dignas y entre ellas, acceso a un sistema de salud que se preocupe por el bienestar más que por la ganancia económica.

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